En una nueva edición de Palabra Que Es Noticia, Andrea Moletto y Antonio Quinteros conversaron con la abogada experta en transparencia, María Jaraquemada, sobre corrupción en la clase política, el desafío de modernización que tiene la administración pública y el optimismo que le genera que estos casos se conozcan públicamente.
La mirada optimista
“Chile ha intentado afrontar este tema durante varios años, hemos tenido varias comisiones. Da desazón. Sin embargo, esto responde a que en Chile intentamos hacer cambios”, comentó de entrada la abogada experta con un deje de optimismo.
Son varios los casos que se han sumado a la lista de corrupción en el país. Desde el caso ProCultura, pasando por el caso de licencias médicas, hasta las irregularidades en gastos electorales de Gobiernos Regionales.
“Quizás lo malo es que somos reactivos, esperamos a que el escándalo nos estalle en la cara. Pero en general, hemos tenido una institucionalidad que procura prever estos casos” – afirmó Jaraquemada.
Entre las comisiones creadas ante situaciones de corrupción está: la Comisión Nacional de Ética Pública (1994), MOP – Gate (2003), ChileDeportes (2006), Engel (2015), y la que preside actualmente, que responde al Caso Convenios (2023)“Trato de mirar el vaso medio lleno. Estamos detectando estos casos, lo que puede que la institucionalidad esté funcionando”, añadió con un toque positivo la experta en transparencia.
“La gran mayoría de las instituciones sí estarían cumpliendo la regla. Lo peor que nos puede pasar es pensar que esa es la forma de actuar. Uno no quiere ser la única persona que hace la fila, que cumple las reglas, agregó.
Respecto al avance de la Comisión Asesora, Jaraquemada señaló: “Han habido avances, no podemos decir que no se ha hecho nada. De acuerdo al último balance, a fines del 2024, en promedio se ha avanzado un 51% en las recomendaciones realizadas por la comisión”.
Entre los proyectos de ley mencionados, está el de Servicio de Auditoría Interna de Gobierno, el que ingresó en septiembre de 2023 y sigue en tramitación por rechazo de modificaciones. De acuerdo a la abogada, estos proyectos son relevantes para el fortalecimiento de la institucionalidad, lo que inhibiría o detectaría con anticipación los casos de corrupción.
Corrupción: voluntad de los actores o facilidades del aparato público
La presidenta de la Comisión Asesora insiste en la necesidad de fortalecimiento de las instituciones: “Muchas veces no son personas que se levantan pensando en cómo defraudar al Estado, sino que simplemente es cómo está desarrollada la institucionalidad. Sin embargo, hay algunas que sí hacen ese cálculo racional”.
Ante esto, destacó el rol de la tecnología y la modernización de las herramientas que permiten hacer cruces de manera más eficiente, como lo hizo la Contralora Dorothy Pérez para detectar las licencias fraudulentas. Un llamado a que se usen todos los datos disponibles para un control más eficiente. “El Estado tiene un montón de información, ¿la estamos usando para tomar decisiones?. Ahí está el desafío”, finalizó.